El caso Correa-Banco del Pichincha se resolverá en enero

Para el 28 de enero se fijó la nueva audiencia de casación en el proceso que interpuso el presidente Rafael Correa contra el Banco Pichincha, por daños morales.

Con esta audiencia, que se realizará en la sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, el banco busca suspender la ejecución de la sentencia.

El 27 de julio de 2009, la segunda sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Pichincha determinó que la entidad pague USD 300 000 a favor del Primer Mandatario.

El caso está relacionado con una deuda de 1 660 634 sucres (USD 66) que Correa adquirió, en 1997, con La Previsora por una tarjeta de crédito. En 1999 la tarjeta fue reportada como no pagada, por lo que entró en la Central de Riesgos. Esta deuda pasó a Filanbanco y en agosto de 2001 al Pichincha.

En diciembre de 2005, el Presidente canceló su deuda que creció a USD 164,99 e inició un juicio por daños morales.

Pero en septiembre pasado, no solo el banco interpuso el recurso de casación, sino también el presidente Correa.

Según Galo Chiriboga, su abogado defensor, el monto de la indemnización debía ascender a más de un millón y no a USD 300 000 como fijó el juez.

El banco, en cambio, pidió que se suspenda la ejecución de la sentencia y solicitó que se fije una caución (garantía) sobre los supuestos perjuicios por la demora en la ejecución del fallo.

Inicialmente, la audiencia se fijó para el 24 de noviembre pasado pero se suspendió, porque el abogado del banco, Jaime Flor, estaba enfermo. Los representantes de la entidad, entre ellos Antonio Acosta, presentaron un certificado médico para probar la veracidad del hecho. Por ello se fijó para enero la segunda y definitiva audiencia.

Fuente: Diario El Comercio, lunes 30 de noviembre del 2009.

Análisis:

Sería bueno que no solo el Presidente de la República pueda hacer efectivo el reclamo de sus derechos cuando un banco los violenta. Me parece bien que se haga justicia con tantas atrocidades cometidas por la banca, pero repito, esto debería ser una oportunidad que todos los ciudadanos deberíamos tener. Pregunto: ¿Si el denunciante fuera un ciudadano común y corriente, tendría el mismo peso la demanda?